El desplazamiento forzado es una situación que implica la pérdida de los referentes culturales, familiares, simbólicos, entre otros y que afectan de manera diferencial a niño/as, jóvenes, mujeres, varones y ancianos: “La guerra transforma a la gente. Hay un daño inmenso y casi irreparable. ¿Quién le devuelve la tranquilidad a los hombres y las mujeres que vieron desde la impotencia cómo cambiaba el grito de monte que aprendieron de sus antepasados por el grito de la muerte impregnado en la memoria como un eco que no termina?, ¿Quién le explica a niños y niñas hacinados en minúsculos rincones urbanos qué pasó con el río, la casa, la escuela, las frutas y las flores?, ¿Cómo atar de nuevo los lazos familiares y sociales pacientemente tejidos desde la ternura y la solidaridad, rotos ahora por el odio y el miedo?, ¿Qué explicación podemos dar a los abuelos que enmudecieron con la tristeza profunda que les dejó la imagen de su pueblo abandonado y destruido?”[1].

El desplazamiento forzado rompe los paradigmas y valores éticos que dan sentido a la cotidianidad de un grupo de personas en un marco temporal, espacial y actoral.  No se desplaza el cuerpo, sino los paradigmas del ser, estar y del hacer en los espacios sociales y es allí donde se ubican sus consecuencias[2].

Cuando una persona se desplaza pierde los referentes de espacio – posesión / tiempo – continuidad lo cual genera “por una parte, la indigencia, que es la carencia de posesión y, por otra, la angustia que es la radical incertidumbre acerca de la continuidad de la propia vida”.  Este desarraigo producto del desplazamiento se da en tres niveles: geográfico cuando se fragmentan las relaciones con el territorio; afectivo, cuando se quiebran los vínculos personales profundos; y cultural cuando no se tienen los referentes simbólicos colectivos.  Por esta razón “los desplazados son algo más que ciudadanos a quienes se viola sus derechos: son seres humanos por cuyas necesidades vitales y existenciales nadie siente obligación”[3].

Que una sociedad enfrente internamente el desplazamiento de muchos de sus conciudadanos pone de manifiesto que la existencia de un Estado Social de Derecho y la democracia como sistema de regulación social está en riesgo ya que nos ubica en una realidad: la violación sistemática y máxima de los derechos humanos[4]. Esta violación de los derechos humanos no sólo se ve reflejada en la amenaza a la vida sino a la agudización de la vulneración de otros derechos como es el acceso a la salud, el trabajo, que desencadenan en mayores frustraciones y aumento de la violencia intrafamiliar “ … ese pasar de lo rural a lo urbano, sin preparación para afrontar otro tipo de actividad laboral y sin opciones de conseguirla, las mismas condiciones de hacinamiento, pobreza, dolor, por lo que se tuvo que dejar atrás, la pérdida de la autoestima, de la tierra, de los amigos, de la escuela para los hijos, de la atención en salud, del compañero o compañera de otros familiares son factores adicionales para que la violencia intrafamiliar  se recrudezca[5]. 

Los efectos psicosociales del conflicto armado y del desplazamiento pueden continuar si no se actúa desde ahora.  Como lo señalaba la investigadora Argelia Londoño, en un foro en Bogotá, “En este escenario de conflicto  armado, siempre queda un impacto  de largo alcance para varias generaciones, que se levantarán y que crecerán con una impronta particular, de crecer socializadas legitimando las actuaciones de los actores armados ilegales”[6]  Por ello, es urgente no solamente trabajar en la recuperación emocional y social de quienes han vivido la experiencia del desplazamiento, sino generar dentro de la atención psicosocial una mirada de la reparación de estas personas en su ciudadanía, su condición de sujetos de derechos y su capacidad de agencia con miras a unir esfuerzos en pos de construir una sociedad colombiana que le apueste a la democracia y al respeto de los derechos Humanos.